El Ministerio de Educación del Chaco dispuso la clausura de la Fundación Valdocco, una institución privada con aportes estatales, tras detectar "un sinfín de irregularidades". Así lo confirmó el director de Educación Pública de Gestión Privada, Gustavo Ereño, quien informó que la medida fue adoptada el 24 de octubre luego de constatar inconsistencias administrativas, financieras y pedagógicas. "De los 99 docentes que declararon, solo pudimos corroborar que hay 10 personas trabajando en la institución", explicó.

Según Ereño, la fundación recibió seis requerimientos de documentación en los últimos meses sin brindar respuesta. "No hemos podido obtener títulos, planillas ni ninguna documentación respaldatoria", señaló. Entre las irregularidades detectadas figura la existencia de personal que cobraba sueldos en simultáneo en Chaco y Santa Cruz, situación que motivó una denuncia penal por malversación de fondos presentada el 29 de octubre. "Había docentes declarados que percibían haberes por ambas provincias, lo cual es inadmisible", agregó el funcionario.

El aporte estatal a la Fundación Valdocco alcanzaba los 129 millones de pesos mensuales, entre salarios y contribuciones. Además, en la institución se encontraban 25 menores de edad, alojados bajo régimen de albergue, lo que motivó la intervención de organismos de protección de la infancia. "Estos chicos están fuera del sistema educativo y la fundación no cuenta con protocolos de revinculación familiar ni supervisión adecuada", advirtió Ereño.

La Fundación Valdocco fue creada por el sacerdote Juan Carlos Molina, exfuncionario del gobierno nacional y actual diputado electo por Santa Cruz. En Chaco administraba centros en Puerto Bermejo y en la zona del Impenetrable, destinados a jóvenes con problemas de consumo y comunidades originarias. "La institución no ha brindado respuestas ni documentación, y su exdirector Molina dejó el cargo en agosto sin acreditar formalmente la desvinculación", precisó el funcionario.

Pese a la clausura, una medida cautelar dictada el 30 de octubre ordenó al Ministerio de Educación continuar con los pagos a la fundación. "Estamos obligados a acatar la decisión judicial, pero sostenemos que no se puede seguir transfiriendo dinero sin respaldo documental", indicó Ereño. El Ministerio mantiene su posición de supervisar el destino de los fondos públicos y garantizar la protección de los menores afectados mientras avanza la investigación judicial.