El pasado viernes por la tarde, la Justicia Federal con asiento en Resistencia ordenó un procedimiento que despertó suspicacias por la forma en que fue ejecutado. La medida apuntaba al dirigente libertario Alfredo "Capi" Rodríguez, presidente de La Libertad Avanza en Chaco y actual director regional de ANSES, en el marco de una causa que investiga presuntas afiliaciones falsas al partido político utilizando bases de datos de organismos nacionales como el propio ANSES y el PAMI.

La orden judicial fue precisa: secuestrar de manera inmediata el teléfono celular, computadoras y otros elementos vinculados a la investigación. Incluso detallaba que debía realizarse en la vía pública o donde fuera hallado Rodríguez, preservando la cadena de custodia. Sin embargo, las imágenes registradas durante el procedimiento muestran una ejecución muy distinta a la establecida.

Cronológicamente, los hechos comenzaron a las 15:25 del viernes 29 de agosto, cuando un vehículo Volkswagen Polo gris, sin identificación oficial, se detuvo frente al domicilio de Alfredo "Capi" Rodríguez en la ciudad de Resistencia. A bordo se encontraba personal de la Prefectura Naval Argentina, encargado de ejecutar la orden de la Justicia Federal.

Personal de prefectura, vestido de civil.

A las 15:29, Rodríguez fue interceptado en la vía pública. Los agentes le exhibieron la orden judicial que autorizaba de manera inmediata el secuestro de su teléfono celular y otros elementos vinculados a la causa. Sin embargo, en ese mismo momento el dirigente logró ingresar a su edificio y subir a su departamento sin ningún tipo de custodia.

Las imágenes disponibles muestran que pasaron doce minutos hasta que, a las 15:41, Rodríguez descendió nuevamente, esta vez acompañado por los efectivos de Prefectura. Allí se dirigió hacia su camioneta, estacionada en la esquina, donde permaneció por más de una hora junto a los agentes. Durante ese lapso, se lo observa conversar en reiteradas oportunidades con los uniformados y manipular elementos dentro del vehículo.

A lo largo de ese procedimiento, Rodríguez volvió al menos en una ocasión a su departamento, otra vez sin custodia. Esa situación alimentó la sospecha de que en ese tiempo pudo haber cambiado el teléfono celular, entregado un equipo distinto o eliminado información relevante para la investigación.

El operativo finalizó recién pasadas las 16:30, cuando se formalizó el secuestro de un celular. Sin embargo, la demora y los movimientos no controlados del investigado plantearon dudas sobre la autenticidad del aparato incautado y sobre el resguardo de la cadena de custodia de la evidencia.

Los antecedentes

Este no fue el primer episodio que vincula a Rodríguez con procedimientos de Prefectura cuestionados por su ejecución. El 30 de junio, durante un allanamiento a un estudio contable por presuntas jubilaciones irregulares, el dirigente también estuvo presente en el lugar. En aquella ocasión, entraba y salía bajo resguardo, pese a no ser titular del estudio investigado. Su presencia generó que la defensa de la dueña del estudio pidiera la nulidad de ese procedimiento.

La investigación por las afiliaciones truchas se inició en junio, cuando 300 militantes de La Libertad Avanza en Chaco solicitaron a Karina Milei la intervención del partido y la expulsión de Rodríguez. Luego, el fiscal federal Patricio Sabadini reunió testimonios de 45 personas, de las cuales 40 negaron haberse afiliado. Entre los damnificados había ancianos, enfermos e incluso analfabetos. La jueza federal Zunilda Niremperger citó a Rodríguez a indagatoria bajo sospecha de falsedad ideológica y abuso de autoridad.

El 28 de agosto, en su declaración, el dirigente negó cualquier responsabilidad y apuntó contra la exvicepresidenta del partido, Ileana Aguirre, a quien acusó de haber impulsado la denuncia como parte de una interna. Sostuvo que al momento de las supuestas irregularidades aún no tenía acceso al sistema de ANSES y que se trataba de acusaciones falsas que lo perjudicaron personal y políticamente.

En paralelo, la causa se ramificó hacia el PAMI. Alfredo Moreno, coordinador administrativo en Chaco, fue desplazado de su cargo tras los allanamientos que detectaron posibles pedidos económicos y maniobras con afiliaciones partidarias.

Rodríguez ya había desestimado semanas antes los rumores de una detención inminente, calificándolos como "humo" y señalando intereses políticos detrás de la investigación. Sin embargo, las denuncias crecieron y la investigación judicial avanza. El operativo del viernes, lejos de fortalecer la pesquisa, abrió nuevas dudas sobre la cadena de custodia de la prueba y sobre el rol de Prefectura como brazo ejecutor de la Justicia Federal.

Las imágenes registradas durante ese procedimiento —con un investigado que se movió libremente pese a la orden de secuestro inmediato— reavivan el debate sobre la seriedad de la investigación y dejan planteados interrogantes que la Justicia deberá responder en las próximas semanas.