Esta investigación comenzó en la provincia del Chaco, y se trata de pensiones por discapacidad falsas que se han emitido en los últimos tiempos. Pacientes con una sola radiografía que servía para 150 personas, e incluso un médico presentó una radiografía de un perro para obtener una pensión por discapacidad.

En entrevista con Noticiero 9, el fiscal Carlos Amad detalló que la investigación se inició tras una denuncia de Marilín Canata, quien señaló la existencia de aproximadamente 800 pensiones por incapacidad en Taco Pozo. A partir de esta información, Amad solicitó informes a la Agencia Nacional de la Discapacidad (ANDIS) y al ANSES, y al cruzar los datos encontraron serias irregularidades en los trámites y otorgamiento de las pensiones.

"De 820 casos analizados, hemos demostrado que alrededor de 740 son espurios, mal otorgados y sin necesidad real," indicó Amad. "Esto implicaba una malversación de fondos, ya que se otorgaban pensiones de 120 mil pesos por mes sin justificación válida."

La investigación identificó la participación de diversos actores, incluyendo médicos, políticos, punteros, bioquímicos y personal de salud. "En un primer momento imputamos a nueve personas, incluyendo al equipo de trabajo y a la directora de ANSES de Taco Pozo, quien es la hija del intendente del lugar," añadió el fiscal.

Amad también mencionó que la investigación en Taco Pozo abrió la puerta a indagar en otras localidades. Hasta ahora, se han identificado 23.206 pensiones sospechosas en diferentes áreas, de las cuales se estima que el 95% son fraudulentas. "Esto nos llevó a otras provincias como Salta y Jujuy, donde también encontramos irregularidades," agregó.

El fiscal subrayó la magnitud del fraude, señalando que solo en Taco Pozo se estima un perjuicio de 86,5 millones de pesos por mes. "Si consideramos todas las pensiones fraudulentas descubiertas, el monto despilfarrado podría ascender a mil millones de pesos anuales," expresó Amad.

A pesar del avance en la investigación, el fiscal reconoció que aún queda un largo camino por recorrer para llevar el caso a juicio debido a los procedimientos del Código Procesal Penal vigente en la provincia del Chaco. "Con mucho viento a favor, calculo que podríamos tener un juicio el año que viene," concluyó.